Pedro Sánchez aprueba decretos de vivienda en España. Los decretos de vivienda en España, han sido aprobados por el presidente, Pedro Sánchez, según los ha anunciado este con los dos paquetes que habían sido rechazados previamente por la oposición en el Congreso. Conocidos como los decretos Maricarmen, ambos deberán ser convalidados en la Comisión Permanente de la Cámara Baja, una vía institucional en la que el Ejecutivo evita depender del voto clave de Junts para su tramitación. Durante su intervención tras el Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo enfatizó que el Gobierno continuará con su gestión sin rendirse ni dejar desamparada a la ciudadanía. La estrategia del Ejecutivo apunta a situar la problemática del acceso a la vivienda y la tensión entre inquilinos y propietarios en el eje central del debate electoral. Con esta maniobra, Sánchez busca reorientar el foco político y opacar temas complejos que la oposición utiliza en su contra, tales como la crisis migratoria en Ceuta y las investigaciones de presunta corrupción que afectan a su entorno y a su formación política. A su vez, el mandatario insistió en apelar a la movilización ciudadana para lograr una mayoría progresista más amplia que le permita vencer el bloqueo parlamentario. El primero de los decretos aprobados contempla la prórroga de dos años para los contratos de alquiler vigentes, la paralización de desahucios a sectores vulnerables hasta 2030, así como ayudas directas a inquilinos y beneficios fiscales para pequeños propietarios. Esta primera batería de medidas ya cuenta con el respaldo explícito del PNV. Por el contrario, el panorama se presenta más accidentado para el segundo decreto, el cual aborda la renovación de los alquileres y genera reticencias entre los nacionalistas vascos, motivo por el cual no entrará en vigor hasta ser convalidado en las Cortes. Desde la oposición, las críticas hacia la actuación del Ejecutivo no se han hecho esperar. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a Sánchez de intentar “secuestrar” el Congreso de los Diputados para imponer decretos que, según su postura, atentan directamente contra un derecho constitucional como la propiedad privada. No obstante, el Gobierno insiste en defender su trayectoria legislativa en esta materia y atribuye la persistencia del problema a la negativa de los gobiernos autonómicos en manos del Partido Popular para aplicar la Ley de Vivienda. La aprobación de estas medidas se produce además en un contexto social tenso, marcado por el surgimiento de movilizaciones callejeras que evalúan la convocatoria de la primera huelga general por la vivienda en la historia democrática del país. Al ser interpelado sobre esta posible huelga al término de su comparecencia, Sánchez evito asumir responsabilidades directas y se limitó a señalar que no tiene objeciones que hacer frente al ejercicio de un derecho constitucional por parte de la ciudadanía. En definitiva, la pugna por la política habitacional se consolida como la principal trinchera política antes de los comicios. Con el Parlamento dividido y la presión social en aumento, el Gobierno confía en que su agenda de vivienda sirva de impulso electoral, mientras la oposición mantiene su ofensiva cuestionando tanto el fondo económico de los decretos como la legitimidad de su tramitación en el Congreso.