Nueva ley de vivienda en Cuba permite tener dos inmuebles en propiedad. Nueva ley de vivienda en Cuba permitirá a las personas naturales tener hasta dos inmuebles en propiedad, además de introducir cambios en las operaciones inmobiliarias y eliminar la confiscación de viviendas por abandonar definitivamente el país. La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y entrará en vigor el próximo 21 de octubre, según informó la agencia. La Ley 187 actualiza la legislación vigente desde 1988 y establece nuevas disposiciones sobre la propiedad, construcción, rehabilitación, compraventa, donación, permuta, herencia y arrendamiento de inmuebles. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la normativa en julio pasado, como parte de una serie de reformas impulsadas por el Gobierno cubano. Entre los principales cambios, la Ley de Vivienda en Cuba reconoce el derecho de las personas naturales a poseer hasta dos viviendas, sin contar una casa de descanso o veraneo cuando esta figure como tal en el título constitutivo. La legislación también establece límites para las entidades económicas no estatales, que podrán adquirir por compraventa hasta dos viviendas, siempre que no superen esa cantidad por otras formas de transmisión. Otra de las modificaciones más relevantes es la eliminación de la confiscación de inmuebles por salida definitiva del país. Además, desaparece la obligación que tenían los herederos de informar, en un plazo de un año, sobre el inicio del proceso de adjudicación de una vivienda que hubiera quedado desocupada. La normativa también amplía las posibilidades para donar, permutar, ceder partes de una vivienda o transmitirla mediante distintas modalidades legales. Asimismo, elimina determinadas autorizaciones administrativas que anteriormente limitaban estas operaciones y permite establecer contratos de comodato, una figura jurídica que facilita el uso de un inmueble sin que necesariamente exista un pago por ello. La nueva legislación flexibiliza los contratos de compraventa, al permitir que las partes acuerden libremente las cláusulas y condiciones de las operaciones, dentro del marco legal. También reconoce derechos y obligaciones a las personas extranjeras, naturales o jurídicas, que adquieran viviendas mediante compraventa. En cuanto a los pagos, la ley dispone que el precio acordado no se entregue en efectivo, sino mediante instrumentos o títulos de crédito previstos en la legislación bancaria u otras modalidades permitidas. Estas disposiciones forman parte de los cambios que buscan reorganizar las operaciones relacionadas con los inmuebles en la isla. La actividad inmobiliaria también adquiere un papel más amplio. La normativa contempla la participación de inmobiliarias y cooperativas de viviendas en la inversión, construcción y gestión de inmuebles, así como la posibilidad de desarrollar edificios con recursos propios, colaboración o inversión extranjera. Además, incorpora opciones como el arrendamiento con posibilidad de compra, la asesoría en trámites inmobiliarios y la administración de propiedades estatales o privadas. La legislación también contempla medidas de protección para determinados convivientes que carezcan de otra vivienda o de recursos suficientes, entre ellos personas mayores vulnerables y familiares con derechos reconocidos. La Ley de Vivienda en Cuba mantiene la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas de construcción destinados a atender el déficit habitacional, al tiempo que amplía los derechos de los propietarios y diversifica las formas de gestión. La aplicación de esta normativa está vinculada al paquete de 176 reformas económicas y sociales promovidas por el Gobierno cubano para liberalizar y descentralizar distintos sectores de la economía. De acuerdo con las cifras oficiales citadas por, el déficit de viviendas en Cuba supera las 800.000 unidades. El problema se ha prolongado durante décadas y se ha agravado por el deterioro de los inmuebles, la falta de mantenimiento y los desastres naturales. En este contexto, las nuevas disposiciones buscan modificar las reglas de propiedad y gestión inmobiliaria, aunque su impacto dependerá de su aplicación.