Castellanos: “Se distribuyen colchones y raciones de comida frente a las cámaras para maquillar una gestión tardía”. �La capacidad de respuesta estatal no debería medirse por la cantidad de anuncios ni por la rapidez con que sus funcionarios comparecen ante las cámaras, sino por su tenacidad para proteger a la población”, dijo Castellanos. La distribución de colchones y raciones de comida frente a las cámaras de televisión no sustituye la prevención ni resuelve los problemas estructurales que cada temporada de lluvias dejan al descubierto en Honduras. Así lo plantea la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, en su artículo de opinión “En Honduras llueve sobre mojado”, en el que cuestiona la respuesta gubernamental ante las emergencias y llama a exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos. Castellanos señala que las inundaciones, los daños en carreteras, los puentes afectados y las comunidades incomunicadas evidencian problemas que van más allá de las precipitaciones. A su juicio, la falta de prevención y planificación deja a numerosas familias expuestas a pérdidas materiales, mientras las autoridades anuncian medidas de atención cuando las consecuencias ya están presentes. En su análisis, la abogada cuestiona que la atención pública se concentre en la entrega de ayuda visible, mientras continúan sin resolverse las deficiencias que aumentan la vulnerabilidad de la población. Advierte que estas acciones pueden terminar maquillando una gestión tardía y clientelar si no están acompañadas de soluciones duraderas. Las afectaciones no se limitan a las viviendas. Castellanos también menciona las dificultades que enfrentan las comunidades rurales cuando los caminos quedan dañados, las zonas productivas pierden comunicación y las cosechas no llegan a los mercados. En las ciudades, agrega, las lluvias vuelven a evidenciar problemas de drenaje, planificación urbana y obras de mitigación que no responden suficientemente a las necesidades de la población. Desde esa perspectiva, la respuesta ante una emergencia no debería medirse únicamente por la cantidad de anuncios oficiales o por la presencia de funcionarios ante las cámaras. Para la autora, el compromiso de las instituciones debe reflejarse en la protección efectiva de las personas, la justificación de las decisiones y los resultados concretos de las medidas adoptadas.