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Cómo se transforman las escuelas militarizadas en México, prohibidas tras la muerte de una joven de 13 años

Cómo se transforman las escuelas militarizadas en México, prohibidas tras la muerte de una joven de 13 años. Fuente de la imagen, Getty Images "Buenas tardes, mi comandante", saludan los estudiantes del Colegio Moderno Alarid, en Ciudad de México, al director, Óscar Lira, aunque ya no le deberían llamar así. En el mismo patio —decorado con un mural de los símbolos nacionales: el águila, la serpiente, el nopal— un profesor convoca a los estudiantes con lo que también es una expresión en vía de extinción que se resiste: "Cadetes, ¡en orden!". Luego se corrige a sí mismo: "Discentes, ¡en orden!" Los estudiantes -que empiezan el año escolar con nuevos uniformes sin estética castrense- se forman en filas. Se paran firmes, con los brazos rectos a los lados y la mirada fija, al frente. El instructor, ahora llamado "prefecto", les ordena descansar; ellos desplazan su pie izquierdo para recibir la instrucción de rutina. "Lo militar forma parte de nuestra historia, pero ya se acabó", dice Lira, sobre una reciente orden del gobierno de Claudia Sheinbaum de desmilitarizar las escuelas que se inspiraban en los valores, la ornamenta y los métodos marciales. "El colegio, en profundo respeto de sus autoridades, acató la situación de que en México ya no hay más el modelo militarizado. Y a partir de ahí, pues a reinventarnos, a reestructurarnos, a tomar lo más valioso… y a seguir trabajando", añade el director Oscar Lira, arquitecto, exalumno del Alarid, de familia de militares, en una oficina llena de escudos, banderines y alguna espada. Decenas de colegios mexicanos como el Alarid —entre 20 y 50, según el registro, afectando a entre 10.000 y 20.000 estudiantes— tuvieron que transformarse en el último mes después de que, en julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó la prohibición de las escuelas militarizadas con los argumentos de que carecen de sustento legal y la educación militar es exclusiva de las Fuerzas Armadas. La orden, respaldada por la presidenta, se dio tras la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, en un campamento de verano militar en Tamaulipas, por asfixia a causa de sumersión, según la autopsia. El caso consternó al país. La familia denuncia tortura. La Fiscalía lo investiga como posible feminicidio. El modelo militarizado llegó a su fin, pero de la orden a la práctica parece haber un trecho: en la cultura mexicana, no solo en estos colegios, hay un profundo arraigo de la liturgia militar que perpetúa principios y métodos del mundo castrense. Lira, quien dice haber vivido "días de profunda crisis emocional", acepta eliminar la parafernalia castrense, pero espera "preservar los valores universales" que el mundo civil le puede aprender a la ética militar: el honor, la disciplina, el sacrificio y el heroísmo, entre otros. Todas las noticias que necesitas están en World Service La matrícula de muchos de estos colegios, incluido el Alarid, se redujo en hasta la mitad tras la orden de la SEP. Algunos tuvieron que cerrar. En Puebla, donde está la Academia Zaragoza, más de 50 padres se manifestaron y bloquearon avenidas al grito de "esta escuela no se cierra". local reportó que, según las familias, la escuela ofrecía disciplina y valores, que ahí no hubo denuncias de maltratos y que se criminaliza injustamente a un plantel por hechos de otra institución. En Zacatecas opera el Bachillerato General Militarizado, que es público. Todos los instructores militares fueron remplazados por profesores civiles. Los padres que protestaron calificaron el nuevo modelo de "imposición" y dijeron que sin formación militar se pierde el sentido por el que lo eligieron. Asimismo, objetaron que las materias militares fueran sustituidas por educación financiera, deporte de alto rendimiento e inteligencia artificial. Para muchos, escoger la educación militarizada es parte del derecho a la libre expresión. Una encuesta de la consultora Dinamic encontró en julio que un tercio de los mexicanos rechaza el cierre masivo de las escuelas, aunque piden auditorías. Un 27% respalda el cierre definitivo. El resto, casi la mayoría, se muestra ambivalente.

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